Sánchez llegó al poder tras un voto de censura en 2018 con apoyo del independentismo. Ha gobernado con algunas políticas sociales acertadas, acompañadas de mentiras, despilfarro, opacidad, chiringuitos, ostentación, pompa, boato, abuso del falcon, criminalizando a la derecha y concediendo privilegios a Cataluña y País Vasco.
Tras los indultos y cambiar el Código Penal con la sedición y malversación, ahora llega la amnistía a todos los procesados por el referéndum ilegal. Aunque el discurso político es que se trata de apaciguar el clima de confrontación del resto de España con Cataluña, no es verdad. Hasta poco antes de las elecciones no había nadie en el PSOE ni el Gobierno que considerara constitucional una amnistía, todos lo negaban y la necesidad de los votos del fugado Puigdemont ha obrado el milagro. No es una amnistía por el interés general de la sociedad, sino por el interés particular de Pedro Sánchez.
Independentistas catalanes y vascos siguen exigiendo romper España como nación, referéndum de independencia y acuerdos para “encajar” en España, que traducido a lenguaje corriente es un trato de privilegio sobre el resto de españoles. La amnistía no rompe la nación, pero da fuerza a los que quieren romperla o cambiarla a un modelo desigual, injusto, insolidario.
España es una sociedad fracturada entre izquierda y derecha y entre territorios, enemigos irreconciliables mientras el independentismo aliado con la izquierda exige independencia y privilegios sobre el resto de españoles. Pedro Sánchez parece dispuesto a acabar con el régimen del 78 y si lo consigue será difícil que la derecha vuelva a gobernar el país. Y no porque sea una dictadura, sino por la transformación de la democracia (en realidad partidocracia) en un régimen populista. La criminalización de la derecha es una estrategia internacional del grupo Puebla que justifica todo para mantenerse en el poder y ese todo incluye el uso de prácticas antidemocráticas que no garantizan la limpieza del proceso electoral. Todo vale para impedir que la derecha gobierne.
Sánchez ya ha dicho que interpretará la Constitución conforme a los tiempos actuales, no mirando al pasado. Quiere modificar la Constitución sin los trámites legales para cambiarla, sino interpretándola, contando con la mayoría del congreso que le dan los independentistas y el Tribunal Constitucional. Veremos si puede. Cuenta, además de las decenas de miles de cargos públicos y sus influencias, con apoyo de personas dispuestas a precarizar y perjudicar el futuro de sus hijos, nietos biznietos… para que no gobierne la derecha beneficiando a hijos y nietos de catalanes y vascos, ciudadanos de primera sobre los demás.
Como las cesiones al independentismo movilizan una parte de la sociedad, la actuación policial en las manifestaciones ha sido cuestionada, con razón, por quienes han apoyado siempre las prácticas policiales consagradas en la ley “Mordaza” (Interior, PP, VOX, los mandos y todos los sindicatos policiales). Cuando Marlaska intentó cambiarla, no pudo. Espero que lo haga ahora y que la policía actúe desde parámetros de respeto a los derechos civiles, que no es lo que ocurre hoy ni desde que Franco era cabo.
Las identificaciones en seguridad ciudadana en democracia son millones más cada año que las que se producían en la dictadura y no han dejado de crecer desde la década de los 80. Por las movilizaciones contra el Gobierno y su actuación los policías han perdido un caudal de prestigio entre quienes los apoyaban. Los agentes, sus mandos, sindicatos, PP y VOX quieren ley mordaza y ciudadanía sin derechos civiles, millones de identificaciones (ilegales), cacheos y sanciones cada año; luego llegan conflictos políticos y la defienden o atacan según que gobierne Rajoy o Sánchez, Fernández Díaz o Marlaska.
A los ciudadanos que individualmente son identificados, cacheados y sancionados no los defiende nadie, no tienen derechos, no son ciudadanos, son lacayos. Los policías, mandos y sus sindicatos apoyan la impunidad de la ley mordaza y más sueldo. ése es su abanico reivindicativo. Quienes creen que lo que hace la policía en Ferraz no lo hizo nunca antes y es culpa de Marlaska no tienen ni idea de lo que ha pasado en España los últimos 40 años.
Se siguen produciendo millones de identificaciones ilegales contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 1993, que exige un hecho objetivo para poder ordenar identificarse a un ciudadano sin que desde entonces ningún político de PP, PSOE, IU, Podemos, VOX, nacionalista, mandos policiales, fiscales ni jueces la hayan hecho cumplir. España es el único país democrático donde los derechos civiles están subordinados a una decisión policial sin razón que la justifique.
Una fábula popular cuenta que un pastor engañaba a sus vecinos gritando ¡que viene el lobo! sin ser cierto y cuando tras varios engaños llegó el lobo de verdad nadie acudió en su auxilio. Puede aplicarse a la política española por las veces que el PP anunció la ruptura de España por interés político contra gobiernos del PSOE. En el último gobierno de Felipe González hubo portadas acusando al socialista de dejarse chantajear por Pujol. España se rompía. Cuando años después Aznar incrementó notablemente las cesiones a Pujol y habló catalán en la intimidad (pacto del Majestic), esos mismos medios hablaban de pacto de Estado por la gobernabilidad.
Después vino el 11M, la negociación con ETA, las acusaciones a ZP de chapotear en la sangre de las víctimas y rendirse a ETA, dicho por ministros de Aznar que habían liberado a asesinos con delitos de sangre para que aceptaran negociar mientras ETA mataba. Cuando lo hizo Aznar era política de Estado, cuando lo hizo Zapatero sin liberar asesinos España se rompía. Ni PSOE ni PP han hecho nada por esclarecer los 376 crímenes de ETA sin esclarecer ni por acabar con los homenajes a los asesinos. Nada es nada. También se rompía España y hubo manifestaciones multitudinarias contra Zapatero por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero España no se rompió y el lobo no venía.
En esta marabunta hay para mí una buena noticia: que sigan Margarita Robles y Grande-Marlaska en Defensa e Interior, porque tenían encausado el reingreso de guardias civiles expulsados en la década de los 90 por promover el asociacionismo profesional en la Guardia Civil. El Letrado del Congreso en 2018 consideró que era factible una amnistía para ellos que nunca se materializó. Ahora, al rebufo del debate de la que se plantea para los delincuentes independentistas deberían resolverlo. En el caso de los guardias civiles sería hacer justicia; en los independentistas, inmoral. El futuro, si el Estado es una democracia de calidad, partidocracia o régimen populista, una sociedad más justa o con territorios y personas privilegiadas estará en manos de los españoles.
Ahora el lobo está aquí y será muy difícil apartarlo del rebaño. Si sube el SMI, las pensiones, ayuda al transporte, becas, vivienda, jóvenes, IVA reducido en alimentos, IMV, etc., el rebaño puede acabar queriendo que no cambien este lobo por otro que sea más demócrata en las formas, pero que en la práctica le prive de derechos y avances sociales como los citados, o como el aborto, eutanasia, no cambiando la ley mordaza, etc. El patriotismo de la gente, de sus necesidades, derechos, servicios y bienestar decidirá el futuro de la nación. Nosotros decidiremos.
