Unidos Podemos inicia una campaña antimonárquica con una batería de preguntas sobre la fortuna de los reyes

“En los tiempos que corren, la monarquía es un anacronismo sin paliativos, una institución obsoleta, de dudosa utilidad pública y que genera desigualdades sociales. Además, es a todas luces una institución antidemocrática”. Es el inicio de una intensa campaña contra la monarquía que han emprendido conjuntamente IU y Podemos. El grupo parlamentario Unidos Podemos ha empezado a caldear el ambiente lanzando una batería de preguntas al Gobierno con respuestas explícitas. Da igual si el gobierno no responde: la campaña ya está en marcha, aprovechando el bajo momento de la reina Letizia tras su enfrentamiento público con la reina emérita Sofía.

El dúo de moda en Podemos, Pablo Iglesias-Irene Montero, y el aún líder de lo que queda de Izquierda Unida, Alberto Garzón, creen que la Monarquía, representada por Felipe y Letizia, está en uno de sus peores momentos y quieren aprovecharlo para poner en marcha una campaña antimonárquica que, además de servir a la causa republicana, afiance electoralmente a la coalición de izquierdas, que está viendo cómo las encuestas verifican una enorme pérdida de apoyos populares.

En ese sentido, además de otras iniciativas que en forma de ofensiva política pondrán en marcha en los próximos meses -tales como formalizar nuevos pactos electorales con multitud de pequeños grupúsculos políticos, o la propia integración de IU en Podemos-, han puesto en marcha la ‘campaña antimonárquica’ con una repetición de las preguntas al Gobierno sobre aspectos espinosos de la Monarquía para luego darles máxima publicidad.

Como ejemplo de la estrategia, esta pregunta inscrita en el Registro del Congreso: “Según publicó en su día la prensa, Juan, el padre del rey emérito Juan Carlos I, dejó una fortuna en Suiza que fue repartida entre sus hijos. Un total de 728 millones de pesetas en tres cuentas en Suiza, paraíso fiscal, fueron repartidos entre Juan Carlos, Margarita y Pilar. La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”. Tras esa afirmación rotunda, se le pide lo siguiente al Ejecutivo: “¿Piensa el Gobierno exigir responsabilidades al rey emérito Juan Carlos I por contar con una cuenta en Suiza, al parecer, herencia de su padre?”.

Esta campaña antimonárquica, que en realidad no es nueva pero que se ha acentuado ahora, parte de un análisis previo en el que se afirma que “en España debería convocarse un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el modelo de Estado que desea, en forma de Monarquía o de República. El Rey emérito Juan Carlos fue nombrado sucesor por el dictador Francisco Franco, pero el Estado no puede heredarse como si fuese un cortijo”.

‘No se puede aceptar de brazos cruzados la continuidad monárquica con Felipe VI’

Siguiendo esa tesis, el documento de Unidos Podemos afirma que los ayuntamientos, los colectivos republicanos y los demócratas en general “no pueden aceptar de brazos cruzados la continuidad monárquica con Felipe VI sin ser consultados”. Es la razón por la que el grupo parlamentario ha lanzado otra pregunta al Gobierno sobre si “¿considera que es una posición radical pedir que la ciudanía española pueda decidir entre República y Monarquía? ¿Ha valorado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?”. Es una pregunta retórica, naturalmente, porque la respuesta es obvia, pero sirve para agitar el republicanismo.

En esta fase de la ofensiva iupodemita, se afirma en otro momento que desde abril de 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dejado de realizar encuestas sobre el papel del Rey y sobre la percepción de la Corona por parte de la sociedad española, algo que nunca antes había ocurrido: “¿Cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la monarquía española?”. Es decir, “¿está preocupado el Gobierno por la opinión que sobre la corona pueda tener la sociedad española? ¿Va a seguir ocultando el CIS la opinión de la ciudadanía sobre la monarquía?”, preguntan retóricamente los de Unidos Podemos.

Batería de preguntas sobre las riquezas de los reyes

El plano más personal de la riqueza de los reyes de España es el preferido para IU, que considera que “el rey emérito Juan Carlos I fue coronado sin poseer una riqueza considerable. Cuando su abuelo, Alfonso XIII, marchó al exilio todo el patrimonio de la familia real fue adscrito al Patrimonio Nacional por el gobierno de la República. Sin embargo, distintos medios han calculado que dejó la corona siendo el tercer monarca más rico de Europa. Se estima en más de 1.800 millones de euros la fortuna atribuida a Juan Carlos I sin que se haya emprendido investigación alguna, aunque se trate de una cantidad difícil de justificar”.

Por ello, Alberto Garzón pasa a la ofensiva preguntado si “¿considera el Gobierno necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?”. La respuesta es obvia, pero dará lugar a una intensa campaña contra Juan Carlos I por el supuesto cobro de comisiones, legales o no.

Aún más allá, en un documento posterior, el Grupo pide explicaciones al Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre por qué el Tribunal de Cuentas no fiscaliza a la Casa Real, tal y como sí hace con los partidos políticos, para, seguidamente, preguntar: “¿Va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes y que sus actividades sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?”.

Un último documento de esa enorme batería de iniciativas parlamentarias -que pasará luego a las comunidades autónomas y ayuntamientos- afirma que la transparencia es uno de los principios fundamentales que debe presidir las actuaciones de los poderes públicos. Es una razón, según Unidos Podemos, para preguntar: “¿Puede el Gobierno afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?”.

En definitiva, que toda esta ofensiva persigue un fin: “¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?”.

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