El ministro de economía se pide una autonomía

Pues fue ver el ministro la foto de Fejóo con su poder territorial y, como es de su terreno, se puso a echar cuentas, restó a Page y Barbón y vio que no le quedaba nada, porque lo del norte y Catalunya lo llevan otros.

Así que el ministro quiere una autonomía. Siendo virtual, no podrá tener financiación singular, ni ser paraíso fiscal. Pero el ministro quiere montar un paraíso regulatorio. El negocio consiste en que si usted se va a buscar licencias a la autonomía del ministro, ya puede pasar de las regulaciones de las otras Comunidades Autónomas, una especie de vaciado regulatorio, sobre el que en un momento vuelvo.

La idea no es original del ministro. Es del Informe Letta. El exprimer ministro italiano ha realizado uno de los dos informes con los que la Unión Europea ha elaborado su ruta. El otro es de Mario Draghi.

Letta sostiene que, especialmente en el campo energético, tecnológico y digital, las compañías necesitan un “take up” para desarrollar su negocio. Es decir: Un entorno fiable, estable y abierto que facilite el negocio. Lo que se interpreta como la ausencia de regulaciones paralizantes.

No deja de ser contradictorio que mientras Letta recomendaba el final regulatorio para esos grandes negocios, la Unión Europea ha tomado decisiones que alejan a los grandes campeones tecnológicos de Europa, ponemos aranceles a los coches eléctricos chinos, cada vez que hay una crisis de chips las compañías de automoción se paralizan y nos disponemos a castigar a los norteamericanos si Trump nos pone aranceles.

El ministro de economía se ha tropezado, tras la petición de diversas empresas de máximo nivel y el bajo grado de ejecución de los fondos europeos con múltiples trabas burocráticas. Además, según qué juzgados, están paralizando infraestructuras que el Gobierno considera básicas como parques solares o eólicos y con la resistencia a poder instalar el 5G que lleva prometiendo hace años.

Rajoy ya intentó una Ley de Unidad de Mercado que fracasó, precisamente porque invadía las competencias de las Comunidades Autónomas. Una licencia para esto o aquello concedida en Madrid no vale para otra. Lo que se quiere es que las licencias concedidas por autonomía queden exoneradas del derecho de las Comunidades reales.

Soslayar el derecho administrativo siempre ha sido una pasión de los gestores. Se crearon agencias de todo tipo que limitaban las obligaciones. Al mismo tiempo, los parlamentos y plenarios municipales no dejaban de aumentar las regulaciones y ordenanzas.

Éstas se multiplicaron cuando corrupciones y corruptelas hicieron entrar en crisis la huida del derecho administrativo.

España tiene un exceso de regulación y burocracia histórico. Desregular es extremadamente complicado, pero dudo que la ingeniería administrativa, la interposición de un nuevo esquema sobre el envejecido es más complicado política y jurídicamente aún.

La autonomía virtual, en manos del gobierno, nos colocaría en una situación complicada. Constitucionalmente es dudoso que pase la invasión de competencias, que el PP le regale al gobierno los instrumentos de regulación que los socialistas les negaron a ellos. Y, más aún, que las comunidades acepten circunstancias que los vascos y catalanes no van a aceptar.

Más sencillo sería intentar muñir un acuerdo político que redujera la regulación por parte de todas las Comunidades, en determinados aspectos, y pacificara algunos debates: hay que decir que muchos límites que se pasan al juzgado están, en estos momentos, impulsadas por socialistas, Sumar o Podemos, junto a los movimientos sociales en los que influyen.

España, como Europa, tiene un serio problema con las infraestructuras de futuro. No sé si es un problema de regulación, sino de tejido empresarial: por mucho que tengamos una autonomía virtual, el G5 será más lento que fuera de España y, por mucho acuerdo con los chinos que se traga Pedro Sánchez, la movilidad no llega ni a las bicicletas.

Los fondos no se aplican no sólo por la burocracia, sino por las capacidades tecnológicas y financieras de las empresas. Quizás debiéramos empezar por ahí.

El propio concepto de autonomía virtual es probablemente anticonstitucional. Eso sí, sería divertida. Cabe imaginar que siendo la ausencia de regulación su objeto, el himno será la canción del Pirata.

Es curioso cómo proliferan las ocurrencias cuando no hay presupuesto, ni mayorías: ayer una bicicleta, hoy una autonomía, mañana un tren paralizado. En fin, para qué pedirse una bicicleta, si el ministro de economía quiere una autonomía.

 

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