La comisión bilateral entre el Estado y Cataluña, uno de los acuerdos políticos de investidura, ha puesto sobre la mesa de las Comunidades Autónomas y el Estado (el Consejo de Política Fiscal y Financiera) el primero de sus productos: la condonación de la deuda pública catalana (un 20%).
La señora Montero, de los Montero de Hacienda, ha decidido ampliar el asunto y tenemos café para todos. Naturalmente, ha cundido el descontento ajeno, pero también el propio: a los valencianos de Compromís les parece lo mismo que al PP valenciano, y a los catalanes lo del café para todos tampoco les gusta, porque así la cosa no es singular, que es lo que les gusta.
Antes de analizar el asunto en detalle, señalemos que la ministra de Hacienda ha asumido implícitamente dos cuestiones que no son de izquierdas y menos en términos económicos.
En primer lugar, siguiendo los postulados de la populista Moderna Teoría Monetaria (que ni es teoría ni es monetaria, ni, menos aún, moderna) da por declarado que la deuda no existe. Si hay déficit se crea dinero, como hay moneda única y lo de la maquinita del dinero no es posible, se pasa a la condonación de la deuda, no como ajuste y condicionada a políticas económicas, sino como creación de tesorería.
Por otra parte, es un claro ejemplo de repudiable “riesgo moral” (moral hazard): nadie se preocupará de las políticas de contención si sabe que será rescatado gratuitamente. Por cierto, mientras se condona 87 mil millones a las comunidades, se prohíbe a los ayuntamientos que usen una cantidad similar que tienen en los bancos, cumpliendo la ley de estabilidad.
En segundo lugar, afirma la ministra que primará a las comunidades que hayan realizado mayor esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es un concepto muy querido por mis amigos los liberales “lafferianos”, que los manuales de izquierda económica, y la mayoría de derechas, no considerancomo medida de la fiscalidad.
Y tiene poco que ver con la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y menos con la economía: si se suben impuestos es, precisamente, para no recurrir a la deuda. Y es corresponsable que los ciudadanos sepan de donde sale el gasto. En realidad, es un ardid ideológico para tocarle las narices a la Comunidad de Madrid, que no tiene deuda con el Estado.
La deuda, no solo la catalana, es un problema como diré enseguida. Ahora bien, de todos los mecanismos de reestructuración posibles para resolver crisis de deuda se ha elegido la más costosa para el Estado.
Debe recordarse que esa deuda ya está (Fondo de Liquidez Autonómica) en la deuda del Estado que hacía de intermediario cuando las comunidades fueron, en la crisis financiera, expulsadas de los mercados. Ahora, el coste del interés pasará al Estado que, además, verá aumentar su coste en las refinanciaciones de vencimientos y sin coste de la reestructuración ni ajustes para la comunidad.
En su momento (con Montoro de ministro) se estudió el alargamiento de los pagos, con tipos de interés equivalentes al coste medio de la deuda estatal, la medida menos lesiva para el Estado.
El problema de la deuda autonómica es evidente: salvo las comunidades forales, Canarias y Madrid, el resto de las comunidades tardarían más de una década en alcanzar el 13% de PIB que marca la ley de estabilidad, con superávits presupuestarios no creíbles del 0,5% del PIB anuales.
Por cierto, una de las trampas de la propuesta es que esta ley de estabilidad permite (transitoria cuarta) esa condonación, pero no así la deuda con los bonistas o mercados (caso de las comunidades forales y Madrid) que requerirían un cambio de la Ley para la que, probablemente no hay mayoría.
Esta decisión se sostiene en dos afirmaciones incomprensibles. La primera, la infrafinanciación catalana. En realidad, la financiación por “habitante ajustado” de Cataluña es similar a la de Madrid (levemente superior la catalana: 100,9 frente a 100, siendo esta la media). Las infrafinanciadas son Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y, en menor medida, Andalucía, aunque probablemente esta habrá mejorado con su reciente crecimiento del PIB
La segunda es la justificación del endeudamiento: Cataluña tiene un 30% de deuda sobre el PIB, Madrid un 13%, con niveles de creación de PIB muy parecido, aunque mejor en Madrid, y prestaciones de servicios a la ciudadanía similares como se ha dicho. Lo que molesta a Cataluña, que reducirá a cero su deuda en cuanto se completen los acuerdos, es la solidaridad con otras Comunidades Autónomas.
Por otro lado, en términos de peso de la deuda sobre su presupuesto, teniendo en cuenta que lo que se distribuye es el FLA, el volumen de cada comunidad no responderá a un patrón común.
El camino al clientelismo ha quedado abierto: a Cataluña un 20%, para que gobierne Pedro; a Andalucía un 40%, para que gobierne Montero, a Murcia un 20% para molestar el PP y así sucesivamente.
No hay nada peor en términos de financiación económica territorial que la falta de transparencia. De hecho, el sistema de financiación pactado entre el tripartito catalán y Zapatero (el PP se abstuvo) ha pecado de esta falta de criterio, produciendo incomprensibles situaciones como, especialmente, la valenciana.
36 mil millones en cinco años para defensa, cinco mil millones en cinco años para Ucrania, 87 mil millones para las Comunidades Autónomas.
¿De dónde saca Pedro para tanto como destaca? Hay dos respuestas evidentes: una, la mitad es mentira y, otra, ya la avisaba aquella pintada que leímos en las paredes en los 70 y es modernísima teoría monetaria: “Todo el dinero es falso”, ya pagará el de Mercadona y el de Inditex, si eso.
