Las mentiras de Iglesias con la agenda social: sólo el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia del ingreso mínimo vital

Pablo Iglesias se despidió de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno asegurando que se iba satisfecho porque había cumplido con su agenda social. Pero los datos dicen que Iglesias ha mentido una vez más: primero, porque sólo el 6,4% de la población (565.195 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital. Segundo, porque tres de cada cuatro solicitudes de ese ingreso han sido denegadas, y un 30% (347.645) están pendientes de resolver. Iglesias ha pasado por el Gobierno como el más embustero y letal de todos los ministros que en España han sido.

Son datos manejados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que se ha basado en las cifras oficiales emitidas por el propio Gobierno. Según esos cálculos, el IMV no mejora la cobertura y la cuantía del sistema autonómico de rentas mínimas y su cuantía se queda en un 16,3% respecto a la Renta Media disponible. Así, las Comunidades con una mayor cobertura son Navarra (14,2%) y Aragón (12,2%). Y las que menos Baleares (3,5%), Cataluña (4,2%) y Castilla-La Mancha (4,2%).

Según José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual: en nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 920 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

Es decir, que únicamente el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. Solamente al 1,2% de la población española le llega el IMV. Ahora bien, el sistema de Rentas Mínimas, ofrecía una cobertura superior, quedándose en un 8%, esto es, 1,6 puntos por encima del IMV. Así se desprende de los datos de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, recogidos por la citada asociación.

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay autonomías que únicamente tienen una cobertura del 3,5%, como Baleares, o del 4,2% como Cataluña o Castilla-La Mancha y del 12,2% de Aragón o del 14,2% de Navarra, Comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas. Melilla mejora este dato, llegando a un 16,8% y Ceuta al 13,9%.

La cuantía media por persona perceptora de los IMV en el conjunto de España supone el 16,4% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja e inferior al 17,1% del sistema de Rentas Mínimas.

Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 26%. Una cifra irrisoria que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia COVID-19.

Se han logrado resolver 811.859 expedientes mientras quedan 347.645 expedientes por resolver. Si se hubiera realizado la pasarela de los 300.000 expedientes de las Rentas Mínimas autonómicas, la lista de espera sería casi inexistente.

Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio reconoce que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia de la COVID-19.

También reconoce el Ministerio que un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.

En definitiva, el Gobierno no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. “Mientras tanto las ‘colas del hambre’ deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’, que es el Ingreso Mínimo Vital, según afirma José Manuel Ramírez.

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