Perjudicar a quienes decimos apoyar: el relato sin nueces

Perjudicar a quienes decimos apoyar. Esa era la pesadilla política de antaño. Temor que desapareció hace tiempo, la preocupación no computa. Sin embargo, los que alguna vez pasamos por una facultad de economía, a jugar al guiñote o cosas parecidas, naturalmente, solemos hacernos preguntas inútiles de ese tipo.

La respuesta, al menos, es que sí; que puede ocurrir: en España no se toman decisiones con evaluación de las políticas públicas, ni después ni antes de aplicarlas. El excelso cuerpo funcionario, tan presto siempre a poner tasas o barreras a que los palmeros o parados y paradas, por un poner, reciban la pasta, no tiene tiempo de pensar en las decisiones que toma.

La reforma laboral, las pensiones, la vivienda, el paro, son cosas que nos preocupan y que la dirección política del país no acaba de atinar a explicar los detalles.

Blake, un artista inglés apasionado por la igualdad, debatía, por ejemplo sobre la Biblia, diciendo: «tu lees lo que dice, yo lo que calla». Este es un excelente consejo para los que analizan la economía: los costes del silencio.

Como ya les he dicho aquí, la reforma laboral que apañan entre Díaz y Calviño difícilmente resolverá los problemas del mercado de trabajo como tampoco lo hizo la reforma del PP.

Desempleo juvenil y paro de larga duración de los mayores; temporalidad, especialmente al inicio de la vida laboral, desigualdad de renta, derivada más del tipo de contrato que de nivel salarial. Baja productividad, producto de mala composición sectorial del empleo y peor adaptación tecnológica.

Ninguna medida sugerida por el gobierno guarda relación con estos asuntos. De hecho, la principal preocupación parece ser la del desequilibrio que supuso la reforma del PP en materia de negociación colectiva (convenios). El Gobierno no parece querer tocar el coste del despido ni otros aspectos del mercado de trabajo.

La evolución del mercado de trabajo sigue penalizando el trabajo temporal. Es cierto que el abaratamiento del despido ha producido más despidos de trabajadores fijos que en la anterior crisis, pero aún así, el trabajo temporal y el irregular han sido los paganos.

Los ERTE han beneficiado, de forma asimétrica, al empleo fijo. Si no se cuentan los ERTE, la proporción entre paro temporal y fijo es de dos a uno, si se cuentan, de cinco a uno. La prolongación de los modelos de ERTE parece alargar esa dirección.

Si en lugar del empleo hablamos de pensiones los silencios son, igualmente, alarmantes. Si prestan ustedes atención, cada vez que el ministro del asunto hace una propuesta, lo que nos está diciendo es que el sistema de pensiones no es sostenible.

El aumento de las cotizaciones sociales es simplemente una maniobra recaudatoria sin efecto práctico sobre el sistema.

No; no es un pacto intergeneracional. Dentro de diez años y dentro de veinte, los que se estarán jubilando, nacidos entre 1966 y 1975, son los que ahora están currando. El aumento de cotización no genera derechos de pensión a nadie.

El aumento de cotizaciones es una presión sobre el trabajo ni resuelve nada. La presión fiscal española es más baja que la media europea y el sistema fiscal desigual, pero no en materia de imposición sobre el empleo. La recaudación anual será de 2.800 millones, que en diez años acaba cubriendo una simple mensualidad de pensiones.

Resulta que la aparente recuperación de población activa, el famoso récord de los veinte millones de activos, no genera más recursos que antes del récord. Cuestión que guarda relación con que, quizá, los números no cuadran, con el empleo irregular, con la temporalidad y con los bajos salarios.

Esta misma indefinición de beneficios para la población objetivo se reproduce en la reciente legislación de alquiler de vivienda.

Salvando los problemas de una norma que depende de las Comunidades Autónomas y que requiere de la creación de un nuevo registro de propietarios, que incentiva la opacidad por la división entre pequeños y grandes, la evidencia disponible señala los problemas de este tipo de regulación.

Se deprime la oferta: la gente retirará viviendas del mercado. Los inversores en alquiler tenderán a desplazarse a zonas no tensionadas, aumentando allí los precios.

La delimitación por zonas supone que habrá gente que se beneficie, sin que su esfuerzo en alquiler sea alto. Hay incentivos a hacer crecer la zona en tensión para incluir a más beneficiarios «frontera», diluyendo su precisión.

El famoso bono joven (ingresos inferiores al triple del IPREM, a día de hoy: 23.725€ al año) tiene un presupuesto que dejará fuera a la inmensa mayoría (80%-90%) de los potenciales beneficiarios de la medida, malditas estadísticas del INE, que dejan al gobierno con el culo al aire, sin que Tezanos pueda hacer nada.

También les he hablado aquí sobre al asunto de las autovías y los peajes. Resulta que serán las zonas periféricas menos ricas y la España despoblada, aquellas a las que deseamos apoyar, las que más costes sufran.

Por otra parte, se anuncian subvenciones al transporte de mercancías por carretera que es, en realidad, el que no paga el deterioro de las autovías, que si pagan con el impuesto de circulación, según Fundación que financia el Gobierno, el efecto sobre las vías.

En definitiva, a veces es más lo que se calla que lo que se anuncia. O sea, un relato sin nueces.

 

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