La central nuclear de Lemóniz quedó como una promesa detenida y un símbolo: hormigón frente al Cantábrico, miedo en la rutina y política bajo presión. Décadas después, el plan de convertirla en piscifactoría reabre la pregunta de siempre: qué se reutiliza exactamente cuándo se reutiliza un lugar marcado por la violencia.
Hay lugares donde el mar parece tener memoria. En la costa de Bizkaia, frente a un Cantábrico que no concede treguas, el edificio que iba a latir como central nuclear terminó esperando, durante décadas, como un cuerpo en suspenso. Hoy, cuando se habla de instalar allí una piscifactoría para criar lenguados, el contraste no es sólo industrial: es moral, histórico, casi íntimo.
Todo comenzó con un país aun acomodándose a la Transición y con un Gobierno de la UCD que decidió paralizar el proyecto de Iberduero. Lemóniz quedó entonces como una promesa a medias: hormigón, tuberías, salas técnicas, un gigante sin estreno. Pero lo que vino después no fue sólo un compás de espera administrativo. Fue la instalación lenta de un clima: el miedo como rutina, como rumor en los descansillos, como cálculo en las agendas, como pregunta silenciosa antes de cada turno. Un miedo que no siempre gritaba, pero que trabajaba.
El miedo como rutina: Ryan
En un mapa, Lemoniz parece un punto. Sobre el terreno, era una ecuación incómoda: una instalación estratégica al final de un acceso por carretera tan comprometido que la seguridad no era un añadido, sino una condición de funcionamiento. Cualquier operación -un traslado de personal, la entrada de material, un simple relevo- podía convertirse en un riesgo, y esa vulnerabilidad cotidiana iba erosionando, día a día, la posibilidad misma de “normalidad”.
ETA consiguió detener aquella central con el lenguaje más brutal: el de la sangre. El secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan -al que tantos, con el paso de los años, siguen nombrando como “Rian”, como si el error ortográfico fuese también una forma de no aceptar el hecho- dejó una herida que no cerró con el eco de los titulares.
Bilbao respondió con una gran manifestación: una marea humana que caminaba no sólo por un hombre asesinado, sino por la idea de que la vida y la convivencia no podían seguir siendo moneda de cambio.
En Lemoniz, mientras tanto, la central quedó custodiada por la Guardia Civil, con una compañía entera por razones de seguridad. No era una vigilancia simbólica: era un perímetro real alrededor de un proyecto convertido en objetivo. Incluso el acceso por carretera -peligroso, estrecho, expuesto- parecía hecho a la medida de la amenaza: un trayecto donde era fácil imaginar un atentado, una emboscada, una trampa en una curva.
A los trabajadores que debían intervenir en la puesta en marcha se les señaló con nombres y apellidos. Hubo amenazas. Hubo renuncias. Hubo silencios que pesaban tanto como las sirenas. Y el edificio, destinado a producir electricidad, terminó produciendo otra cosa: la certeza de que el terror puede modificar la historia material de un territorio, congelar decisiones, deformar futuros.
Técnica y política: lo que exige una central
La técnica también estaba en el centro de aquella historia. Poner en marcha una central nuclear no es “encender” una máquina: es completar un encaje milimétrico de sistemas redundantes, protocolos, inspecciones, y una cultura industrial donde el error no tiene derecho a repetirse. Cada válvula, cada bomba, cada instrumentación, cada cadena de trazabilidad exige certificaciones, pruebas, auditorías. Y exige algo aún más frágil que el acero: continuidad. Un proyecto nuclear detenido a medias no se queda quieto; envejece. Se desactualiza. Se encarece. Se vuelve rehén del tiempo y, en aquel contexto, rehén también de la seguridad.
La vigilancia y el miedo afectaban incluso a la logística: a los turnos, a los relevos, a la llegada de piezas, a la contratación de especialistas. La ingeniería necesita calendario; la amenaza impone incertidumbre. Y cuando la incertidumbre se convierte en rutina, el coste ya no es sólo económico: es humano.
La política, por su parte, fue mudando de piel. En aquellos años, el debate energético en España no se reducía a cifras: era una discusión sobre modelo de país, sobre dependencia exterior, sobre industria y empleo, sobre el lugar de la tecnología en una democracia naciente. La UCD paralizó el proyecto de Iberduero, y más tarde la idea de una moratoria nuclear se instaló en el imaginario colectivo como una forma de prudencia, de cautela o de cansancio. Pero en el caso de Lemoniz, para muchos, la decisión nunca pudo separarse del ruido de fondo: el de la violencia y la intimidación.
Porque el terrorismo no discutía en comisiones ni en parlamentos: irrumpía. Y al irrumpir alteraba la conversación pública, deformaba las prioridades y empujaba a la sociedad a un dilema imposible: seguir adelante con una infraestructura bajo amenaza constante o aceptar que el futuro se escriba con una pistola apoyada en la nuca de lo cotidiano. La central quedó como una pregunta sin respuesta, y esa pregunta, con los años, se convirtió en símbolo.
Gobierno vasco y PNV: gestionar el después
En ese tablero, el papel del gobierno vasco -y, en particular, del PNV, que ha liderado buena parte de su trayectoria institucional- fue necesariamente complejo. En los primeros años ochenta, con una autonomía recién estrenada y un clima social inflamable, el nacionalismo gobernante trataba de mantener un equilibrio difícil: por un lado, la idea de que una infraestructura energética de esa magnitud podía considerarse relevante para el tejido industrial vasco; por otro, la presión de una oposición social intensa, las dudas sobre legalidad y seguridad que se discutían en sede parlamentaria, y, sobre todo, la evidencia de que la violencia estaba contaminándolo todo. No era un debate limpio: era un debate atravesado.
Además, la cuestión de Lemóniz fue también -como tantas cosas en aquella etapa- un problema de competencias y de legitimidades superpuestas: la política energética y nuclear dependía en última instancia del Estado, mientras Euskadi iba construyendo sus instituciones y su capacidad de decisión. En ese entrecruce, el PNV buscó a menudo una posición que no rompiera del todo con la lógica del desarrollo, pero que tampoco quedara sorda ante el malestar ciudadano. Y aun así, nada de eso podía neutralizar lo que hacía ETA: imponer un veto a base de amenazas y asesinatos. La violencia no sólo mataba; también alteraba el marco en el que se tomaban las decisiones.
Décadas después, ya sin ETA, el papel del gobierno vasco volvió por otra vía: la de gestionar el “después” de una ruina inmóvil. La titularidad de los terrenos e instalaciones acabó en manos de la administración autonómica (tras acuerdos políticos con el Estado), y con ella llegaron las obligaciones menos épicas, pero más persistentes: vigilar, mantener, reparar lo imprescindible para que el mar no terminara de tragarse el hormigón.
En ese contexto, el PNV ha defendido la reconversión como salida pragmática y como relato de futuro: economía azul, innovación, empleo, soberanía alimentaria. La alianza anunciada con una empresa valenciana para criar lenguados busca precisamente eso: convertir la cicatriz en actividad. Pero el simbolismo no desaparece: cambia de forma. Y la pregunta, al fondo, sigue siendo política y ética a la vez: qué hacemos con un lugar que quedó así, y qué reconocemos cuando lo hacemos funcionar por fin—aunque sea para otra cosa.
Leizarán: el patrón que regresa
Ese patrón -la obra pública convertida en objetivo, la política obligada a decidir bajo presión, la seguridad como condición previa- se repitió años después con la autovía de Leizarán. De nuevo, una infraestructura llamada a coser territorio se vio atravesada por el miedo. Pero conviene afinar el matiz: no es el mismo miedo el que se siente en la piel que el que se administra desde un despacho. Hay un miedo íntimo -el de quien firma una nómina y piensa en su familia- y un miedo institucional -el de quien mide riesgos, costes, desgaste social-. Cuando la amenaza existe, la prudencia es razonable; el problema es cuando la amenaza pretende convertirse en método, en argumento, en llave maestra para torcer decisiones. Ahí el debate técnico se ensucia y la política camina con el freno echado.
Quienes estuvimos entonces en Interior lo vivimos con la crudeza de lo práctico: proteger para que se construyera. Pusimos medios, escoltas, coordinación, presencia; levantamos un andamiaje de seguridad para que la ingeniería pudiera hacer su trabajo y para que el derecho a ejecutar lo acordado no fuera papel mojado. Pero la seguridad, por sí sola, no reemplaza a la política: sólo compra tiempo, reduce daño, sostiene una línea. Cuando aun así llega la paralización, queda una enseñanza amarga: que el coste no se mide únicamente en kilómetros sin asfaltar, sino en el mensaje que recibe quien amenaza.
Del reactor al criadero
Con el tiempo, esa gestión del “después” tomó forma de proyecto. Y quizá por eso Lemóniz no es sólo Lemóniz: es también la suma de otras renuncias y otros pulsos perdidos o mal cerrados. Un montón de años más tarde, el Gobierno Vasco se asocia con una empresa valenciana para convertir aquel esqueleto en una piscifactoría. Criar lenguados donde iba a rugir una central nuclear: transformar el destino de un lugar sin borrar lo ocurrido.
También aquí hay técnica, aunque se vista de agua. Una piscifactoría de lenguado no es un simple vivero: requiere control de salinidad y temperatura, manejo de oxígeno disuelto, filtración y tratamiento del agua (a menudo con circuitos de recirculación), prevención de enfermedades, trazabilidad alimentaria y gestión rigurosa de efluentes. Exige energía para mover agua, bombear, mantener parámetros estables; y exige controles ambientales para que la costa no pague el precio de la rentabilidad. Es una industria con su propia delicadeza: la vida medida en miligramos.
Políticamente, la reconversión promete una narrativa de utilidad: empleo, innovación, economía azul, reaprovechamiento de una infraestructura abandonada. Pero el cambio de uso no disuelve el dilema. Para muchos, la imagen sigue siendo difícil de soportar: como si el paso del tiempo hubiese barnizado una victoria clara del terrorismo. Porque Lemóniz no se cerró sólo por razones técnicas o energéticas; también se cerró porque el miedo -con sus amenazas, sus costos y su capacidad de contagio- se coló en la ecuación y condicionó lo que era posible. No hizo falta que estuviera escrito en un boletín oficial: bastaba con que estuviera presente.
Memoria: lo que el mar devuelve
Y, sin embargo, ni el final de ETA ni el paso del calendario han conseguido ordenar del todo lo sucedido en un pasado remoto. A veces, la realidad se impone de la manera más áspera: aparecen restos, se reabren búsquedas, un nombre vuelve a pronunciarse en voz alta, y el país descubre -otra vez- que aquello no queda tan lejos. Como si en el camino, bajo la tierra o en la memoria de una familia, hubiera “cadáveres” que resucitan sólo para recordarnos que la historia no se archiva con un comunicado.
En Lemóniz esa persistencia adopta forma de arquitectura: un edificio que no se termina de ir porque nunca llegó a ser lo que debía. La reconversión puede ser útil y hasta inteligente, pero no debería convertirse en una coartada para pasar página deprisa. La política democrática se mide también en su capacidad de nombrar lo ocurrido sin miedo, de sostener la dignidad de las víctimas sin convertirla en bandera, y de reconocer que hubo una violencia que quiso decidir por todos y durante demasiado tiempo lo consiguió.
Quizá por eso convenga mirar ese futuro acuícola con doble atención. No sólo para medir su viabilidad económica o ambiental, sino para preguntarnos qué se está contando -y qué se está callando- cuando se reutiliza un escenario marcado por la violencia. Los lenguados, ajenos a nuestra historia, crecerán en agua limpia y controlada. Nosotros, en cambio, seguimos viviendo con una herida que, de vez en cuando, vuelve a abrirse: España sigue sangrando por ella cuando la actualidad devuelve restos, fechas, relatos, y obliga a mirar de frente.
Por eso la memoria no debería ser un adorno del proyecto, sino una de sus condiciones. Una memoria justa, que no confunda adaptación con olvido, ni reconversión con absolución; que entienda que reutilizar un lugar no equivale a neutralizar su significado. Porque hay mares que parecen olvidar, sí, pero también hay mares que devuelven. Y Lemóniz, con su hormigón frente al Cantábrico, sigue pidiendo que lo que pasó se diga completo.
