Las medidas de ese plan de degeneración democrática aprobado por el sanchismo son de índole autocrática y a muchos nos hacen mirar no hacia la UE y su Directiva al respecto, sino hacia la Venezuela de Maduro. Ese plan de acción democrática del que hemos hablado en las dos entregas anteriores incluye, entre un total de 31 medidas, varias relativas a los medios de comunicación. Según el Gobierno de Sánchez, estas propuestas recogen la aplicación del nuevo reglamento europeo de libertad de los medios, pero no todas ni mucho menos proceden de Bruselas.
Según un estudio de Isabel Serrano Maíllo, profesora titular de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), publicado por la nada sospechosa web Newtral.es ni todas las medidas que el Ejecutivo español propone se encuentran dentro del reglamento europeo ni todas son interpretadas por Sánchez de la misma forma que en éste.
Por ejemplo, varias medidas propuestas por el sanchismo para controlar a los medios de comunicación son puras modificaciones del gobierno de Pedro Sánchez, como la medida 2.2.5, que planea limitar la financiación de las administraciones públicas. Según Serrano en newtral.es, esto no está previsto así en el reglamento europeo de medios, que se centra en que estos fondos se otorguen con base en “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios” (art. 25, página 119).
Esta profesora de Derecho de la Información detalla también que otras medidas del plan de degeneración del sanchismo son añadidas directamente desde Moncloa y no forman parte del reglamento europeo de medios. Por ejemplo, la medida 2.2.3 sobre la reforma de la ley de protección de la seguridad ciudadana, o la 2.4.3 acerca de los artículos del Código Penal que afecten a la libertad de expresión, algo que, según la experta, “se orienta más hacia la ciudadanía que hacia los medios. Tampoco aparecen referencias en el reglamento europeo a mejorar la rectificación de noticias ‘falsas o abiertamente tendenciosas’ (2.4.2 del plan español) ni a poner en marcha un programa de ayudas a la digitalización (2.4.4)”. Un fondo que muchos podemos llegar a interpretar como un apartado del famoso fondo de reptiles para ir fabricando una cadena de medios de comunicación afines.
En realidad, la del sanchismo es una obsesión que han padecido todos los autócratas y dictadores de izquierdas o de derechas a lo largo de la Historia: el control de las noticias para controlar a la población y favorecer al grupo en el poder. En eso, Sánchez se ha revelado como un mal aprendiz de Franco, pero hay que decir que no es un plan sin premeditación, todo lo contrario. Ya en noviembre de 2020, sólo dos años después de la llegada de Sánchez al poder -gracias a los votos, por cierto, del exterrorista Arnaldo Otegi y del fugado Carles Puigdemont-, la sección española de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras se vio obligada a denunciar públicamente que no le correspondía al gobierno sanchista decidir qué era información y que no y avisaba de que vigilaría la puesta en marcha del plan contra la desinformación que había aprobado ya entonces Sánchez y publicado en el Boletín Oficial del Estado. “Su excesiva ambigüedad supone un peligro potencial contra la libertad de prensa”, decía RSF hace ya cuatro años.
Según aquella norma de 2020 –que es la base del ataque actual del sanchismo a la libertad de expresión-, el Ejecutivo monitorizaría las redes sociales en busca de noticias falsas y adoptaría “medidas de represalia” cuando comprobara que, tras una campaña de desinformación contra España, se encontraba un país extranjero.
Dos anécdotas a ese respecto: una, los únicos que hicieron campaña en las redes sociales contra España y a favor de los golpistas catalanes de ERC y Junts parece que fueron los rusos, y Sánchez no hizo nada al respecto. Dos, esas normas parece que sólo sirvieron para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, encontrara justificación para dedicar algunos funcionarios de su Ministerio a buscar qué redes sociales, influencers o medios de comunicación le llamaban ‘feo’.
Más allá de la anécdota, aquellas normas de finales de 2020 –antecedente inmediato del actual plan de acción democrática, volvemos a insistir- tenían por objeto acabar con las críticas a la política errática y de nula transparencia que había seguido el sanchismo con todo lo relacionado con la crisis sanitaria del COVID, especialmente con la compra de material sanitario y mascarillas que ahora está siendo investigada en diferentes causas judiciales.
Lo curioso es que aquellas informaciones molestaban tanto a Sánchez, que hasta un general de la Guardia Civil dijo en riguroso directo desde el Palacio de la Moncloa que el Benemérito cuerpo había creado una sección especial para iniciar una instrucción “sobre la monitorización de bulos que generen desafección a las instituciones” (sic).
Se trataba del general José Manuel Santiago, que en directo desde la Moncloa en abril de 2020 reconoció que la Guardia Civil estaba recopilando esas informaciones –“bulos”, según él- “que generen desafección a las instituciones”. La orden cursada por el Estado Mayor de la Guardia Civil a todas las comandancias el 16 de abril de 2020 instaba a identificar noticias falsas y bulos “susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno” (sic). Todo un preocupante aviso a navegantes, pero parece que alguna razón tenían los que difundían determinadas noticias sobre presuntas corruptelas, calificadas entonces de “bulos”: la justicia está actuando tras aquellas denuncias (casos Ábalos-Koldo, Armengol, Canarias…).
Lo que se temían entonces RSF y asociaciones de la prensa española es lo mismo que se teme ahora desde muchos sectores: que se haya dado un paso más en el cercenamiento de las redes sociales y en la colocación de una mordaza de hierro a los medios de comunicación críticos con el régimen sanchista o no afectos al mismo.
Pero gracias a la labor de investigación de los medios de comunicación, concretamente a elconfidencial.com y a sus periodistas Agustín Marco y José María Olmo, ya sabemos de dónde partió todo: “Campaña contra jueces y periodistas: Audios de las cloacas del PSOE señalan a Sánchez: ‘El gran jefe dice que hay que acabar con esto’. Un empresario implicado en la campaña de Ferraz para tratar de desacreditar a magistrados y periodistas asegura en una grabación que Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire Díez manejan miles de archivos con información sensible”.
El Confidencial afirmaba en su edición del 18 de septiembre que “uno de los implicados en la campaña que el PSOE ha estado preparando durante meses para atacar a magistrados, fiscales y periodistas asegura en un audio que el máximo responsable de esta operación es Pedro Sánchez. El testigo sostiene que el presidente del Gobierno, al que se refiere como ‘gran jefe’, ordenó a Ferraz que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de las diligencias penales contra su mujer, Begoña Gómez”.
Lo dicho: usted puede incluso matar verbalmente al rey o al papa, pero no puede hablar de la enamorá del enamorao. Sic transit gloria mundi.
- Entregas anteriores:
- Sánchez, la escasa calidad democrática de un Caudillo por la Gracia de Puigdemont (1)
- Sánchez, la escasa calidad democrática de un Caudillo por la Gracia de Puigdemont (2)