Sánchez, la escasa calidad democrática de un Caudillo por la Gracia de Puigdemont (2)

El 17 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas que venían a materializar las durísimas amenazas que Pedro Sánchez, el Enamorao por la Gracia de Dios, había lanzado en el mes de julio contra jueces, políticos, periodistas, redes sociales y medios de comunicación no afines y otros desertores del pensamiento único sanchista. Vamos a insistir en los aspectos más autoritarios de un plan muy premeditado de degeneración democrática que parece tener dos objetivos claros: asaltar y permanecer sine die en el gobierno acaparando todo el poder al estilo de Nicolás Maduro –es la muerte de Montesquieu-, e impedir que se hable ni se investigue a la enamorá del enamorao, Begoña Gómez, ni al hermano del enamorao, David alias Azagra.

Decíamos que las medidas de ese plan del sanchismo tienen un sesgo tan en una dirección autoritaria, que a muchos de los que hicimos la mili nos han recordado las tenazas de la dictadura franquista, y más concretamente la Ley de Prensa e Imprenta de marzo de 1966, impulsada por Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro del dictador Francisco Franco, autoproclamado Caudillo de España por la Gracia de Dios.

Para comunicar ese nuevo cuerpo legal contra uno de los pilares básicos del estado democrático liberal, la libertad de prensa, de opinión, de expresión, salieron en tromba hasta cuatro ministros, a los que Juan Berga calificó con gran éxito como los cuatro magníficos del martes, pero que yo denomino más bien los Cuatro Jinetes del Apocalipsis Sanchista: Félix Bolaños, Ernest Urtasun, Pilar Alegría y Ana Redondo.

A algunos nos sorprendió –aunque no sé el porqué de tanta sorpresa- la presencia de Urtasun, un comunista –línea que hemos seguido algunos- de Sumar que al parecer nunca leyó a Santiago Carrillo. Viene al caso el viejo secretario general del PCE porque en 1977, cuando algunos le leíamos casi con ansiedad de neófitos, escribió en la cárcel un libro que hizo época: Eurocomunismo y Estado. Y viene al caso porque, sobre las leyes emanadas por las autocracias y las dictaduras, así escribía el viejo comunista que había combatido en la guerra civil española y que tuvo que sufrir de por vida el estigma –verdadero o falso: más bien falso, según me juró él mismo- de haber permitido la matanza de Paracuellos del Jarama.

Esto escribió Carrillo sobre la violencia del Estado contra los ciudadanos en el reparto de créditos y subvenciones: “La misma repartición de los créditos de Estado -¿quién pensaría en la violencia en este caso?- es una forma de desposeer a unos en favor de otros; a veces de sembrar la ruina y la desolación en unos sectores para privilegiar a reducidos grupos del capital monopolista” [Santiago Carrillo. Eurocomunismo y Estado. Editorial Crítica. Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona, 1977].

Observarán que esa ‘repartición de los créditos de Estado’ de la que hablaba Carrillo tiene al menos tres aristas: Una, la de las subvenciones a asociaciones y grupos vinculados a los partidos que permiten al sanchismo seguir en el poder –PSOE, Sumar, Podemos, Junts, ERC, BNG, PNV…-, sin duda toda una superestructura de la que hablaba Marx, sólo que ahora cambiando a los protagonistas. En 2019, Off The Record publicó un reportaje de investigación: El negocio del asociacionismo: el Gobierno iba a gastar en sólo dos años más de 420 millones en subvenciones para la mujer… es decir, para las asociaciones feministas vinculadas a los grupos de izquierda, asociaciones que habían crecido como la espuma y que sumaban ya entonces un par de decenas de miles.

La anterior es simplemente una muestra muy concreta del reparto de subvenciones como granero de votos, porque sólo en ese campo del asociacionismo –unas más rigurosas que otras, no todas las asociaciones son iguales- había censadas a nivel nacional un total de 54.229 entidades de todo tipo. Los registros del Ministerio del Interior clasificaban esas asociaciones y las colocaban según sus fines sociales. Era, en definitiva, un recurso clientelar al estilo de Maduro y otros fascismos de izquierda.

Dos. También se reparten créditos creando superestructuras de la superestructura; es decir, por poner un sencillo ejemplo: la creación de los casi mil asesores que pululan por Moncloa para aconsejar al timonel y gran líder, con toda su cohorte de expertos detrás: asesores de los asesores, secretarias, currinches y un largo etcétera, además de los funcionarios de carrera. En este campo concreto, la última gracieta del sanchismo la acabamos de conocer por el BOE del sábado 28 de septiembre: Orden PJC/1037/2024, de 26 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes –otra vez Bolaños- por la que “se nombra Directora del Gabinete del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Ana Ruipérez Núñez”… ¡Directora del gabinete del director del gabinete del presidente! No es coña. Ahí lo dejo.

Para culminar este punto no puedo dejar pasar por alto algo que Carrillo ya escribió en 1977 sobre la Rusia tras el Octubre de 1917 y la muerte de Lenin: “La democracia obrera fue reduciéndose y el mismo proceso se produjo en el interior del partido donde la aspereza de las contradicciones en la sociedad repercutió en una agravación de las disputas fraccionales que, Lenin muerto, ya nadie podía dominar. Así se desarrolló una capa burocrática que fue absorbiendo las funciones de dirección, convencida de que ella era la depositaría de la misión social de la clase obrera, la personificación de la dictadura del proletariado, pero que insensiblemente fue echando raíces, poseyendo sus propios intereses, moviéndose con arreglo a mecanismos y leyes objetivas, propias y específicas” [Carrillo, op. cit., pág. 190].

Esa burocracia de amigos -o de pancistas, depende del adjetivo bondadoso o más crítico de quien lo analice- de la que hablaba Carrillo es una de las constantes de Sánchez, que no en vano se autoproclama el Largo Caballero del siglo XXI, y ya sabemos que Francisco Largo Caballero se proclamaba y le proclamaban el Lenin español. En 2004, un alto dirigente de la oposición a Rodríguez Zapatero me comentaba en privado: “Éstos sí que saben tomar el poder al asalto”. Lo decía por cómo los chicos de ZP habían entrado a saco en las instituciones del Estado, colonizándolas con la dedocracia, despreciando el mérito y primando el amiguismo, el intrusismo, la famielitis… o simplemente el seguidismo que da el carnet.

En realidad, es una historia que se repite en la Historia. No hay nada nuevo, pero Sánchez ha avanzado con pasos de gigante en ese aspecto: ha colocado a seguidistas –hoy son sanchistas, mañana seguramente serán otra cosa: lean a Galdós en La segunda casaca– en los puestos clave, colonizando las instituciones democráticas. No haré el listado completo, que lo conozco, pero sí señalaré el asalto a la Justicia –desde el CGPJ y la Fiscalía del Estado hasta el Supremo-, al Consejo de Estado, al Banco de España, al Tribunal de Cuentas, a RTVE, al CIS, a RENFE, a Correos -¿quién custodia las sacas con los votos? Pues eso-, o al propio Tribunal Constitucional, que entre otras muchas cosas ha hecho de tribunal de casación contra el Supremo para amnistiar a los condenados en firme por el caso de los ERE de Andalucía. Piensen.

Y punto tres: por supuesto que desde el sanchismo más rapaz se reparten créditos en otro de los poderes –o contrapoderes, según se mire- del Estado liberal y democrático de derecho: las subvenciones desde el gobierno, sus instituciones y sus empresas públicas a los medios de comunicación que se reparten tan arbitraria como graciosamente desde la época de Meliá, que recogió esta práctica de antes y aún la aumentó.

Un ejemplo simple para comprenderlo mejor: en el plan de degeneración democrática que el presidente anunció el pasado 17 de julio, ya dijo un Sánchez enrabietado por las informaciones sobre las posibles corruptelas de su mujer, Begoña, y su hermano, David, que obligaría a los medios de comunicación a publicar quiénes son sus accionistas -¿no les recuerda a Franco? Bueno, Franco prohibía o limitaba incluso las inversiones extranjeras en prensa y entonces no estábamos ni en la UE, por supuesto-, cuáles son sus fuentes de financiación y qué cifras de audiencia tienen con base a una medición “honesta”, que naturalmente realizaría el Bolaños de turno. Además, incluía un paquete de ayudas por valor de 100 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación… afines, se deduce fácilmente.

Pero hay más: en febrero de este año se supo que el gobierno de Sánchez había comprometido un gasto total de 270 millones de euros en publicidad para el año 2024: 138,3 millones en campañas institucionales y otros 131,8 millones en campañas comerciales, realizadas por las empresas públicas dependientes del Estado… pero sólo a los medios que el sanchismo considere medios de comunicación como tal. Es decir, que haya sido amables con el gobierno.  ¿No les suena a lo que hablábamos en la entrega anterior sobre el fondo de reptiles orientado a los medios de comunicación? El refranero es claro: quien reparte y reparte… complétenlo ustedes mismos de la mejor forma posible.

 

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